En el pleno del lunes se aprobó por unanimidad la transferencia de crédito de 58.000 euros
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| El alcalde, Evencio Ferrero (c.) en un momento del pleno Jorge Varela para Diario de Bergantiños |
La portavoz centrista, Estefanía Canosa, apoyó casi todas las propuestas llevadas al pleno, pero siempre dejando su crítica a la gestión municipal. En el caso del gasto social que el gobierno aumentará en otros 58.000 euros gracias a una transferencia de crédito aprobada por todos los grupos, Canosa criticó que de ese importe solo 15.000 euros van a ayudas de emergencia a particulares –los otros 43.000 son para cubrir las bajas y el aumento de horas del servicio de ayuda en el hogar–, mientras que la concejala de Benestar, Maica Ures, cobra 20.000 euros por una media dedicación. “Xa no primeiro pleno propuxemos que o soldo de Ures se destinase a gasto social ou á parroquia porque quen fai servizos sociais neste concello é don José”, dijo la portavoz y añadió: “Votamos a favor pero deixamos exposta a política social do BNG”.
En respuesta, el regidor defendió que en los últimos tres años el gasto social del Concello pasó de 25.000 a 95.000 euros y recordó que el servicio de ayuda en el hogar también es gasto social. Adelantó que en el presupuesto del próximo ejercicio se evaluará seguir incrementando este gasto.
Mociones
Por lo demás, los otros dos asuntos que generaron cierto debate fueron las dos mociones del PSOE para que el Concello ponga en marcha un estudio sobre la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio y también un plan de concienciación ciudadana sobre los excrementos caninos.
En el primero de los casos el portavoz del BNG, Xosé Regueira, aseguró que “este concello moito avanzou na eliminación de barreras e por algo temos recoñecementos a nivel galego” aunque reconoció que “queda moito por facer” y “xa se está traballando na planificación pautada da eliminación de moitas delas, a pesar de que tardará moitos anos”.
TEGA votó a favor “pero parécenos que vai quedar máis en boas palabras que en feitos”.
La segunda moción no salió adelante por los votos en contra del gobierno para el que el tema de los excrementos caninos se resuelve con la aplicación de la ordenanza y no con un plan de concienciación ciudadana. El alcalde reconoció que no hubo sanciones porque los propietarios de perros cuando notan la presencia de la Policía Local evitan cometer infracciones, como no recoger las deposiciones por lo que “non foi posible coller a ningún infractor”.
La socialista Mari Carmen Vila insistió en que de vez en cuando el Concello debe hacer campañas para recordarle a los vecinos que hay una ordenanza que hay que cumplir, mientras que para TEGA el problema parte de la falta de civismo y por eso se abstuvieron.
Por unanimidad se aprobaron las declaraciones institucionales del 25 de noviembre en contra de la violencia machista y la de apoyo a los refugiados sirios – a pesar de algunas quejas de Canosa– la convocatoria de elecciones para el Consello Escolar y para el Consello Deportivo, la transferencia de crédito para pagar a los trabajadores municipales el 26,3% de la paga extra de 2012 y el reconocimiento de compatibilidad laboral de un trabajador del Concello.
Sin embargo, la segunda compatibilidad solicitada solo fue apoyada por PP, TEGA y BNG. El PSOE votó en contra porque dijo no tener información concreta de cómo afectará a los turnos del servicio afectado.
Terra Galega votó en contra de la aprobación provisional de las normas subsidiarias solicitada por Lidl para asegurarse la legalización de su nuevo supermercado, que salió adelante sin problema. Sin embargo, José Bello Pallas aprovechó el asunto para criticar la orden de derribo de una vivienda en As Labradas y la falta de interés del gobierno por evitarlo. El regidor llamó al orden a Pallas recordando que “o punto que estamos a tratar non ten nada que ver coa problemática que expuxo”.
Ruegos y preguntas
Terra Galega aprovechó el pleno para preguntar al gobierno cuánto deja de ingresar el Concello en concepto de IBI por los solares cedidos para aparcamientos públicos y cuántos acuerdos están firmados hasta ahora. El alcalde respondió que, según los servicios de gestión tributaria, el Concello deja de percibir 59.950 euros al año en IBI por estos terrenos y que solo falta por firmar un convenio.
TEGA también preguntó por la intención del gobierno de invertir otros 122.000 euros en la zona de O Chorís, algo que confirmó el alcalde sin referirse directamente al tipo de proyecto ya que se llevará a pleno para su aprobación. El concejal centrista Andrés Eirís realizó varias preguntas sobre las instalaciones deportivas municipales y preguntó si el Concello tenía previsto cubrir total o parcialmente algún parque infantil para que puedan ser usados en los días de lluvia. Ferrero dijo que sí estaba previsto hacerlo en uno de los parques infantiles dentro del Plan de Acción Social de la Diputación que se aprobará en el próximo pleno.
Por su parte, los socialistas preguntaron sobre las gestiones realizadas por el gobierno para el regreso de la Policía Nacional al municipio, por lo que Ferrero dio cuenta de la reunión que mantuvo con el delegado y el subdelegado del Gobierno el pasado mes y también dijo, a raíz de otra pregunta, que todos los grupos estarán invitados a la junta local de Seguridade con derecho de palabra pero no de voto.
Por último, el Partido Popular preguntó cuándo el gobierno tiene previsto arreglar la carretera de Razo da Costa. El concejal Lois Lamas explicó que los terrenos están pendientes de un proceso de expropiación que iniciará cuando esté aprobado el Plan Xeral.
